En Uruguay formamos impuntuales y faltadores. En educación media hay estudiantes con 60 o 70 inasistencias que igualmente pasan de año. Desde el sistema educativo se sostiene que no se puede "penalizar" a los estudiantes por faltar, pero la única herramienta de presión que parece existir termina siendo la amenaza de quitarles la asignación familiar a sus adultos responsables.
La flexibilidad frente a las inasistencias, presente en los planes de estudio de educación media, y frente a las llegadas tarde transmite el mensaje de que cumplir horarios y asistir regularmente es secundario. Siempre hay una excusa, tanto en la educación pública como en la privada. Después nos preguntamos por qué somos una sociedad de trabajadores faltadores, especialmente en el sector público. Ni hablar de la impuntualidad que sufrimos quienes sí llegamos a horario. Es que fuimos educados en un sistema que tolera y justifica las llegadas tarde y las inasistencias, poniendo el foco en todo lo demás que afecta a un estudiante. No es que se premie al faltador, pero sí se le transmite la idea de que puede faltar y que, después, con una pruebita... y bueno... aprueba. La Ley General de Educación establece que la educación es obligatoria desde los cuatro años hasta completar la educación media. El artículo 7 es claro al respecto. Sin embargo, las normas de evaluación de la ANEP fueron desvinculando progresivamente la promoción del nivel de asistencia.
Cuando aparece el problema surge el diagnóstico multicausal: juega al fútbol y el entrenador no le permite llegar tarde (aunque sí puede retirarse antes del liceo); cuida a sus hermanos (¿pero quién cuida la asistencia de quien cuida a sus hermanos?); vive lejos (y allí aparece otra responsabilidad del Estado, por no garantizar una oferta educativa más cercana); entre muchos otros factores. Nadie se anima a cuestionar a las familias, que en definitiva son las primeras responsables. Pero enseguida aparece el argumento de que, si la familia carece de recursos, responsabilizarse implicaría aumentar su vulnerabilidad (algo que se hace al amenazarlos con cortale el ingreso económico que agravaría la vulnerabilidad) Entonces quedamos atrapados. Faltar a clase no significa únicamente perderse una explicación en Geografía. Implica perder oportunidades para detectar vulneraciones de derechos, situaciones de abuso, problemas de alimentación o la ausencia de un espacio de expresión, socialización y desarrollo.
Flexibilización
Desde hace casi dos décadas, las sucesivas reformas fueron flexibilizando el vínculo entre asistencia y promoción. En el Plan 2006, por ejemplo, las inasistencias dejaron de ser determinantes si el estudiante aprobaba las instancias de evaluación. Durante la pandemia dejaron de contabilizarse debido a una situación excepcional, pero, una vez superada la emergencia sanitaria, esa lógica no desapareció por completo. Las reformas posteriores consolidaron un modelo en el que el foco pasó a estar casi exclusivamente en los aprendizajes evaluados. Entonces aparece una contradicción difícil de explicar. Si estudiantes con decenas de inasistencias aprueban porque obtienen calificaciones suficientes, parecería que nuestros estudiantes aprenden muy bien. Sin embargo, al mismo tiempo escuchamos de manera permanente que el nivel educativo cae, que los jóvenes leen menos, escriben peor y llegan con enormes dificultades a la educación terciaria. ¿Cómo pueden convivir ambas afirmaciones?
Alertas
UNESCO, UNICEF y la OCDE sostienen que las inasistencias reiteradas son uno de los principales indicadores de riesgo de desvinculación educativa. Recomiendan detectarlas tempranamente, comprender sus causas e intervenir antes de que el estudiante abandone el sistema. En Uruguay, al menos en ese aspecto, existen avances. La informatización permite detectar rápidamente quién falta y las alertas aparecen casi de inmediato. El problema comienza después. En muchos centros educativos se convoca a las familias, se firman compromisos y se registran actuaciones que demuestran que la institución hizo todo lo que estaba a su alcance. Ese "compromiso" termina convirtiéndose, muchas veces, en una especie de salvaguarda administrativa para que ningún funcionario tenga problemas cuando, más adelante, se reclamen responsabilidades. Pero cuando los teléfonos cambiaron, la familia no responde o simplemente no existen equipos suficientes para salir al territorio, la intervención suele agotarse dentro del propio centro educativo. UNESCO propone fortalecer el vínculo entre la institución, las familias y la comunidad. UNICEF recuerda que detrás de cada inasistencia suele haber problemas económicos, de salud mental, violencia, dificultades de transporte, responsabilidades familiares o acoso escolar. La OCDE agrega que las sanciones, por sí solas, tienen escasa eficacia cuando las causas del ausentismo son sociales o personales. En eso tienen razón. El ausentismo no se resuelve únicamente endureciendo las reglas. Se necesita algo que en Uruguay parece no entenderse: equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogos, educadores y docentes con tiempo -más allá de las horas de aula- para acompañar las trayectorias. Pero tampoco puede naturalizarse que la educación obligatoria deje de ser verdaderamente obligatoria.
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Matías Rótulo.