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La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) no se conformó con el discurso simplista del “hecho casual”, “aislado” o de la cuestión de la salud mental a la hora de lamentar, condenar y reflexionar sobre el intento de femicidio ocurrido en el anexo “Alpargatas” de las facultades de Medicina y Química el 1º de setiembre. Denunciaron a viva voz que tienen “miedo” ante situaciones de acoso y reclaman acciones.
Por Matías Rótulo
Publicado en Voces 9 de setiembre de 2026
El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) sesionó de forma extraordinaria el 4 de setiembre. El orden estudiantil pidió la palabra y los consejeros fueron llamando, una a una, a sus compañeras para que leyeran las proclamas elaboradas por los centros de estudiantes. En muchos casos, los estudiantes varones tomaron la palabra para manifestar lo que sus compañeras sienten y sufren a diario por parte de otros varones. Se trata de la violencia machista que, al igual que en la sociedad, se manifiesta también dentro de la institución terciaria.
Los testimonios fueron pasando uno a uno en aquella sesión. La Asociación de Estudiantes Universitarias de Artes denunció “agresiones y amenazas” que suceden “a diario en nuestra universidad”. Expresaron: “nosotras sabemos lo que es convivir en nuestros centros de estudio con compañeras amenazadas, sentir miedo, ver cómo agresores, estudiantes y funcionarios con denuncias probadas asisten a nuestras facultades como si nada y ser nosotras las que tenemos que cuidarnos y muchas veces retirarnos de un curso, del lugar de trabajo o de la institución”. Allí se identifica como un problema el desborde ante la cantidad de denuncias existentes, por lo que solicitan que se amplíe el equipo y se destinen recursos para atenderlas. Desde la Facultad de Ciencias Sociales los estudiantes identifican como problemas los comentarios verbales, el acoso virtual y las “acciones en el día a día que constantemente son deslegitimadas como hechos estructurales de la violencia machista”. Además, el comunicado expresa: “somos estudiantes, docentes, funcionarias y egresadas sosteniendo la educación universitaria de nuestro país y no estamos seguras ni dentro del propio salón de clase”. En el mismo sentido, el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación recalcó “la responsabilidad institucional de garantizarnos un espacio seguro para estudiar”. Por su parte, estudiantes de Psicología enfatizaron que “al día de hoy, el foco de las intervenciones está puesto en la atención inmediata de la situación y en la denuncia”, pero “es necesario generar mecanismos enfocados en la prevención y la detección de situaciones, incluso aquellas que no sean pasibles de denuncia, así como un acompañamiento posterior”. Quienes vivieron de cerca el ataque del 1°, la Asociación de Estudiantes de Medicina afirmó que “no podemos aceptar que estas lógicas continúen reproduciéndose y que las instituciones reaccionen únicamente después de que el daño ya haya ocurrido”. La Asociación de Estudiantes de Veterinaria reclamó también que se tomen “decisiones urgentes para la seguridad de las estudiantes y funcionarias de la Facultad de Medicina” tras el hecho ocurrido allí, ya que “a las estudiantes se les cree, tenemos miedo de ir a estudiar”. El Centro de Estudiantes de Ciencias planteó: “¿Qué más tiene que suceder? ¿Qué nos falta para sentirnos seguras en la Universidad?”.
La institución lo reconoce
La encuesta de prevalencia realizada por la Udelar en 2021 mostró que el 42,9 % de las estudiantes mujeres declaró haber vivido al menos una situación de violencia dentro de la Udelar, mientras que el 16,4 % del estudiantado manifestó haber sufrido violencia sexual o por razones de género. Entre las mujeres, el 38 % afirmó haber atravesado algún tipo de violencia por ser mujer. A su vez, el 48,3 % de los estudiantes consideraba que denunciar una situación de acoso podía implicar algún riesgo y apenas el 15,9 % conocía el protocolo institucional de actuación ante situaciones de violencia, acoso y discriminación. La propia Udelar reconoció estas dificultades en la resolución aprobada por el CDC el 4 de setiembre, en la que señaló las “insuficiencias y desafíos que persisten” en las respuestas institucionales frente a la violencia de género. La resolución, a propuesta del rector Héctor Cancela, dispuso revisar la política sobre violencia, acoso y discriminación, evaluar la extensión de la capacitación obligatoria a toda la comunidad universitaria, desarrollar mecanismos de detección temprana y acompañamiento a quienes perciben situaciones de riesgo o realizan denuncias, así como mecanismos reparatorios para las víctimas. Dos días antes, el 2 de setiembre, más de mil estudiantes, docentes, funcionarios y egresados habían participado, presencialmente y a distancia, de una reunión de la Comisión Abierta de Equidad y Género (CAEG). Durante más de dos horas se reclamaron mayores recursos para la prevención, más información sobre los mecanismos de denuncia y mejores herramientas de acompañamiento y reparación. Entre los problemas señalados apareció, además, el temor a denunciar por el riesgo de revictimización o posibles represalias. La CAEG anunció entonces que elaboraría un plan de trabajo sobre las violencias de género para presentar ante el CDC.