Hace unos años se puso de moda organizar falsas bodas. La gente iba a una fiesta donde una pareja que ni siquiera se conocía se casaba. Había vestido, ceremonia, invitados, brindis y fotos. Todo parecía real, salvo el matrimonio. Ojalá que el Congreso Nacional de la Educación no termine pareciéndose a aquello.Por Matías RótuloPublicado el 30 de julio de 2026 en Voces
¿Para qué se hace un Congreso de Educación? ¿Para cumplir con la ley? ¿Para archivar, sin más, lo debatido y resuelto? ¿Para demostrar que somos más demócratas que la oposición? ¿Para mejorar la imagen del gobierno? ¿Para que realmente se genere un acuerdo social sobre la educación que queremos? Desde lo políticamente correcto que nos impone el deber ser, me atrevo a afirmar que el Congreso de Educación es una obligación moral y política. Como lo fue, durante mucho tiempo, la institución matrimonial. Pero la pregunta incómoda es otra, ¿para qué se convoca un Congreso Nacional de la Educación si sus conclusiones no van a mover un centímetro las políticas educativas? Hace casi veinte años, cuando el primer gobierno del Frente Amplio se propuso reformar la Ley de Educación, se realizó el Congreso Nacional"Julio Castro". A través de un Debate Educativo se convocó a miles de personas en todo el territorio para discutir el futuro de la educación. Como ocurre en tantos matrimonios, los primeros divorcios llegaron enseguida. Algunos partidos políticos -el Nacional y el Independiente- abandonaron el hogar cuando descubrieron que el debate también podía cuestionar sus propios quehaceres domésticos. En ese entonces no había dirigente político que no dijera que la educación debía pensarse más allá de un período de gobierno y proyectarse a treinta años. Aquella consigna era un discurso impulsado por organismos internacionales como la UNESCO y repetido como un mantra. Hoy nadie se anima a repetir aquello. Porque ni el amor es eterno ni, en Uruguay, la educación no se piensa a treinta años. Por un lado, cada maestrito llega con su librito. Por otro, ni unos ni otros quieren comprometerse a cambiar demasiado lo que hizo el gobierno anterior, porque eso significa entrar en una guerra político-partidaria que no conviene a los intereses electoralistas. Tampoco parece convenir demasiado discutir con los del otro lado.
No movamos los muebles
La "Transformación Educativa" de la administración de Robert Silva generó un fuerte rechazo en el sistema educativo. Sin embargo, el gobierno actual apenas le hace algunos retoques para evitar una nueva confrontación. También sería irresponsable borrar todo y volver a empezar después del enorme costo económico y político que implicó aquella reforma. Así seguimos, atrapados entre la soberbia de unas autoridades y otras, incapaces de construir acuerdos duraderos con el plantel político que tenemos de un lado y del otro.
El Congreso para cumplir
El Congreso Nacional de la Educación "Julio Castro", realizado entre 2007 y 2008, movilizó a miles de personas. Hubo debates, documentos, propuestas y expectativas. Algunas de sus conclusiones llegaron a la Ley de Educación. Una de ellas fue, precisamente, la obligación de convocar periódicamente un nuevo Congreso. Muchas otras quedaron por el camino. No porque el Congreso fuera irrelevante, sino porque nunca existió un compromiso político serio para transformar aquellas discusiones en verdaderas políticas de Estado. El Congreso de Educación puede terminar siendo simplemente una instancia para cumplir con la Ley N.º 18.437. De ser así, habrá fracasado antes de empezar. Pero lo peor vendrá después. El próximo gobierno, si es de la actual oposición, tendrá como excusa que el Congreso de 2026 no produjo resultados. Además, ya demostró que poco y nada le interesa organizar un Congreso de Educación. El problema no es que el Congreso no sea vinculante. En algún momento esa posibilidad apareció insinuada desde el propio Frente Amplio, pero tampoco debería ser así. En una democracia gobiernan quienes fueron elegidos para hacerlo. Sería absurdo sustituir esa responsabilidad por una asamblea permanente o por un Congreso cuyas resoluciones fueran obligatorias. Lo que sí resulta absurdo es convocar a miles de personas para debatir durante meses si las conclusiones terminarán archivadas en un estante. Entre un Congreso vinculante y un Congreso meramente ceremonial existe un enorme espacio para construir acuerdos que sobrevivan a los gobiernos. El Congreso Nacional debería convertirse en un pacto social sobre la educación de los próximos veinte o treinta años, con compromisos públicos que ningún gobierno pueda ignorar sin explicar por qué. Pero para eso también hace falta una señal que la gobernanza educativa sigue sin dar. Los recursos destinados a la enseñanza continúan siendo insuficientes. En el discurso todos hablan de la educación como el motor del desarrollo. Después pretenden encender ese motor con una chispa y con el tanque de nafta a medias. El Congreso de Educación puede convertirse apenas en un casamiento de esos que duran una noche. Si termina siendo eso, una puesta en escena para demostrar que la democracia participativa existe aunque nadie piense respetar sus conclusiones, puede convertirse en el certificado de defunción de los futuros congresos. ¿Para qué organizar una nueva boda si todos saben que el divorcio ya está firmado antes de entrar al salón?
