Las asambleas territoriales que se vienen desarrollando en el marco del IV Congreso Nacional de Educación comenzaron a colocar a la salud mental entre los asuntos que atraviesan la discusión educativa, con resoluciones que la vinculan con las posibilidades de permanencia de los estudiantes dentro del sistema, los problemas de convivencia, la formación integral, las dificultades de aprendizaje y la necesidad de contar con profesionales y equipos interdisciplinarios que puedan acompañar situaciones que muchas veces exceden las posibilidades de respuesta de los centros.
Por Matías Rótulo
El tema había sido planteado en la presentación del Congreso, cuando el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, señaló que, además de los asuntos estrictamente educativos, la salud mental, las adicciones y la convivencia formarían parte del debate, mientras las primeras resoluciones surgidas de las asambleas comenzaron a darle contenidos concretos desde diferentes puntos del país.
En Maldonado, la asamblea realizada el 30 de julio en la Escuela N.º 56 Clemente Estable vinculó directamente la salud mental con los problemas cotidianos de convivencia y reclamó la presencia de un grupo multidisciplinario que trabaje de manera coordinada con los centros educativos, señalando que sería “muy pertinente el abordaje de la salud mental y la sexualidad en todos los niveles educativos” y advirtiendo, al mismo tiempo, que el proceso para acceder a un profesional de la salud resulta demasiado lento, mientras las dificultades que dieron origen a esa necesidad continúan presentes.
En Rivera, la asamblea realizada el 14 de agosto en el Instituto Tecnológico Regional Norte incorporó la salud mental dentro de las condiciones necesarias para garantizar las trayectorias educativas y aprobó una resolución bajo la formulación “Permanecer también es un derecho”, proponiendo avanzar hacia un Sistema Nacional de Apoyo que contemple dimensiones económicas, sociales y de salud mental y que no limite el acompañamiento de los estudiantes exclusivamente a su rendimiento académico.
La asamblea desarrollada en AEBU de Nueva Helvecia, el 27 de agosto, volvió sobre el asunto desde la necesidad de un “abordaje interdisciplinario”, para el que reclama tiempo, profesionales formados y presupuesto, incluyendo expresamente entre las situaciones que requieren ese trabajo a la “salud mental, aprendizaje, contextos vulnerables, violencia”. La misma resolución, al discutir los desafíos vinculados con la virtualidad y las tecnologías, plantea además la necesidad de “priorizar la salud mental, la integridad y la privacidad del usuario”.
En Dolores, Soriano, la asamblea realizada el 2 de septiembre en el Museo Lacán Guazú incorporó la salud mental dentro de una definición más amplia de formación integral, sosteniendo que la educación de los estudiantes no debería limitarse a una preparación para el mercado laboral, sino integrar “aspectos vinculados con la salud mental, la inteligencia emocional, la educación sexual integral” y el acceso al arte, la cultura y el deporte. La misma asamblea aprobó además que la formación docente incluya un espacio curricular con metodologías que permitan abordar problemáticas relacionadas con la salud mental y las dificultades de aprendizaje.
Las resoluciones aprobadas hasta el momento muestran de esta manera diferentes aproximaciones a un mismo asunto, desde la demora para acceder a profesionales señalada en Maldonado hasta la necesidad de considerar la salud mental como una condición para sostener las trayectorias educativas planteada en Rivera, pasando por el reclamo de equipos interdisciplinarios realizado en Nueva Helvecia y la propuesta de incorporarla tanto a la formación integral de los estudiantes como a la formación de los docentes aprobada en Soriano.
Este es un tema que desde la misma población se trae a las asambleas territoriales, como una preocupación a abordar en el Congreso de Educación.