Desde 2010, como resultado de la Ley General de Educación votada en 2008, los docentes elegimos por primera vez a dos representantes para integrar el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), además de representantes en los consejos de los subsistemas. Esta última representación desapareció durante el período anterior, cuando presidía la ANEP quien, años antes, había llegado al organismo electo por los propios docentes. ¡Paradojas de la vida política!
Por Matías Rótulo
Publicado el 27 de agosto en Voces
Este 3 de octubre, los docentes votamos a nuestros consejeros en la ANEP. El Consejo Directivo Central de este ente autónomo de la educación, es un órgano colegiado integrado por cinco miembros, con una correlación de tres a dos. Por eso, muchas veces la incidencia de los representantes docentes se expresa en negociaciones, modificaciones de proyectos, votos discordantes o tareas de contralor. Los primeros consejeros electos fueron la maestra Teresita Capurro y el profesor Néstor Pereira. Provenientes del movimiento sindical, asumieron en mayo de 2010. Su primer logro fue sobrevivir a una gestión cargada de polémicas, fallas y cruces internos, al frente de un Codicen presidido por José Seoane, exdecano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Capurro y Pereira tuvieron la responsabilidad de instalar y legitimar la presencia de representantes docentes con voz y voto en el gobierno de la educación. Al finalizar su gestión, Pereira sostuvo que el desafío había sido dialogar y acordar, procurando que las decisiones se adoptaran por consenso. Durante ese período se consolidó Tránsito Educativo, destinado a acompañar a los estudiantes en el pasaje de Primaria a Educación Media y los consejeros electos tuvieron una participación reconocida en iniciativas territoriales y en la creación de centros educativos. No fueron políticas exclusivas de los consejeros electos, pero ambos participaron en su discusión, aprobación y desarrollo.
En 2016 asumieron Elizabeth Ivaldi y Robert Silva (hoy senador por el Partido Colorado), electos por lemas distintos. Ivaldi llegó respaldada por las organizaciones sindicales. Silva —el mismo que después defendió la eliminación de las representaciones docentes en los subsistemas— armó su lista, compitió y ganó. Ambos coincidían en la necesidad de establecer perfiles de egreso claros, mejorar la articulación entre niveles, profesionalizar la gestión y avanzar hacia el reconocimiento universitario de maestros y profesores. Ivaldi defendía transformaciones construidas desde las aulas y una mirada que contemplara la Educación Inicial y la continuidad educativa. También participó en la elaboración del Marco Curricular de Referencia Nacional de 2017. Silva, por su parte, impulsó una conducción centrada en la planificación, la evaluación, los resultados y la descentralización administrativa y manifestó hasta la creación de un grado en el escalafón docente que reconociera la formación en posgrados.
El tercer período comenzó en febrero de 2022 con Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, ambos respaldados por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Asumieron durante un gobierno de derecha y con la LUC (Ley de Urgente Consideración) aplicada a partir del gobierno de Lacalle Pou. En esta Ley, se habían eliminado los consejos desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU y, con ellos, las representaciones docentes que existían en cada subsistema. Iglesias y Mazzoni realizaron recorridas por el país, se reunieron con colectivos y analizaron asuntos como el presupuesto, los salarios, la elección de horas, la infraestructura y las condiciones de trabajo. Ambos se opusieron a distintos componentes de la transformación curricular y denunciaron falta de participación y plazos insuficientes. Aunque no lograron detener los cambios propuestos por el gobierno central, ejercieron una tarea de contralor ante decisiones adoptadas sin información suficiente o sin resolución expresa del Codicen.
Desafíos
La agenda actual indica que ya no alcanza con representar el malestar de los colectivos docentes o limitarse a votar negativamente, menos aún ante la posibilidad de que el gobierno vuelva a cambiar de orientación política en 2030. Los nuevos consejeros necesitarán presentar un programa propio, público, evaluable y construido con los docentes. Deberían prestar atención a lo que surgirá del Congreso de Educación. La primera urgencia es recuperar la participación perdida con la eliminación de los consejos desconcentrados. La segunda prioridad es enfrentar la desvinculación y el ausentismo con equipos multidisciplinarios, grupos menos numerosos y políticas de acompañamiento, no mediante el descenso permanente de las exigencias. Otro desafío es el estancamiento visible que hay en nuevas obras edilicias. También deberán intervenir en la revisión curricular, recuperando el lugar de las disciplinas, la autonomía profesional y la participación de las ATD. A eso debe sumarse una política nacional de estabilidad docente que concentre horas en menos centros; el reconocimiento salarial y profesional de los posgrados y la formación permanente; la defensa de un presupuesto que atienda la infraestructura y la creación de cargos; y una estrategia definitiva para alcanzar el carácter universitario de la formación docente pública, evitando que vuelva a quedar reducida a proyectos de ley sin una proyección universitaria real. Los consejeros electos no pueden resolver por sí solos la crisis educativa, porque ocupan solamente dos lugares en un organismo de cinco. Pero sí pueden obligar al sistema a discutir determinados asuntos, formular alternativas y construir acuerdos. Después de dieciséis años de representación docente, la próxima etapa debería pasar de la resistencia y el testimonio a la iniciativa, proponiendo un proyecto educativo que no esté pensado solamente para apagar incendios, sino también para anticipar los problemas y transformar la educación pública.