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La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) elaboró un informe técnico que cuestiona la propuesta del gobierno para crear un ente universitario autónomo destinado a formar maestros y profesores. De acuerdo al informe, el proyecto presenta falencias técnicas centrales, y no explica por qué es relevante que quienes forman educadores sean “plenamente universitarios”. Además, se le atribuye una visión centrada en el pasado, con escasa proyección hacia el futuro y dificultades en el proceso de transición institucional.
Por Matías Rótulo*
Rodolfo Ungerfeld
La Udelar, institución dedicada a la enseñanza, la investigación y la extensión, con una larga tradición de cogobierno y autonomía, fue consultada por la Cámara de Senadores en relación con el anteproyecto de ley para la creación de la Universidad de la Educación (Uned). De aprobarse la propuesta actual, la formación docente, actualmente bajo la órbita del Consejo de Formación en Educación (CFE), pasaría a ser un ente de carácter universitario.
El 22 de abril, la AGC aprobó elevar a las autoridades universitarias un documento analítico elaborado por el “Grupo de trabajo sobre reordenamiento del marco regulatorio de la educación terciaria pública”, integrado por representantes del ámbito universitario. La resolución fue aprobada por 16 integrantes, con 11 abstenciones. Durante la sesión, el por entonces presidente de la AGC, Gerardo Iglesias, recordó que el informe ya había sido presentado y distribuido en diciembre.
La AGC resolvió remitir el texto al Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, que, desde el martes 12 de mayo, ha postergado repetidamente su tratamiento a pedido de los consejeros del orden estudiantil, situación que volvió a repetirse en la sesión del pasado martes 1.º de setiembre. Iglesias explicó, durante la sesión de la AGC del 22 de abril, que será el CDC quien finalmente decida si envía o no el informe a la Comisión de Educación del Senado.
El documento distribuido analiza el proyecto de ley para crear la Uned y cuestiona en profundidad la propuesta. Coexiste, además, con otros dos documentos: uno elaborado por el prorrector de Enseñanza, Pablo Martinis, y otro por Jurídica de la Udelar, ambos también críticos con el proyecto de ley.
En el informe se critica el predominio de “la mirada histórica” por encima de “la proyección de futuro” y se advierte la ausencia de un diagnóstico claro de la situación actual de la formación docente. Se reconoce, además, que “el Uruguay valora la importancia que implica el nivel universitario de la formación docente” y señala que el proyecto requeriría modificaciones que excedan “aspectos legislativos o de organigramas”. Las posibles modificaciones deberían centrarse principalmente en “el funcionamiento académico de los organismos que abordan la formación de nuestros futuros docentes”. Respecto a la exposición de motivos del proyecto, donde se propone coordinar la futura Uned “dentro de un nuevo sistema educativo”, articulando con otras instituciones para optimizar recursos, se considera que, si bien aporta contexto, termina “diluyendo el núcleo de la propuesta y dificulta la identificación de los beneficios concretos y observables, más allá de la profesionalización docente, que la nueva universidad podría aportar al desarrollo del país y su gente”. Agrega que el texto “no señala por qué es conveniente que los docentes que forman a los educadores deban ser investigadores además de docentes, es decir, plenamente universitarios”. De no aclararse ese punto, continúa el documento, “parece simplemente una recategorización de lo existente, cuando debería ser una transformación de lo existente”.
Sin proyección
El Proyecto de Ley de la Uned presenta un “predominio de una mirada histórica sobre una proyección de futuro”, ya que gran parte de la argumentación se dedica a reconstruir la evolución histórica de la formación docente en Uruguay. Esa “abundancia de motivos históricos”, no resulta “suficiente” para fundamentar el proyecto con una perspectiva a futuro. También se advierte la falta de un diagnóstico actualizado de los desafíos que enfrenta la formación de educadores, entre ellos los cambios tecnológicos, demográficos y pedagógicos, la inclusión digital, el impacto de la inteligencia artificial y las transformaciones en el mercado laboral docente. También se afirma que “la descripción de las tendencias futuras en educación es mínima y se apoya más en un relato histórico que en estudios contemporáneos o proyecciones”. Asimismo, se cuestiona que el futuro ente quede restringido al campo pedagógico y didáctico, pues una universidad necesita “amplitud disciplinar” y “vínculos fuertes” con otras áreas del conocimiento para desarrollar investigación de calidad y una auténtica vida universitaria. Una institución excesivamente especializada, advierte, podría debilitar la autonomía académica y limitar la capacidad crítica en la formación docente.
Críticas políticas
El informe objeta que el “Consejo Directivo Nacional Provisorio” previsto para su gobierno, tendría mayoría de integrantes designados por el Poder Ejecutivo, situación que podría “afectar” la autonomía universitaria desde el inicio del funcionamiento de la institución. También plantea que existe una contradicción entre definir a la universidad como autónoma y, simultáneamente, establecer una conducción inicial con una fuerte influencia política. Suma el informe, que la elección plena de las autoridades universitarias pueda demorarse durante varios años, lo que postergaría el ejercicio efectivo del cogobierno y debilitaría la participación de docentes, estudiantes y egresados en la conducción institucional. El texto concluye con observaciones sobre los Consejos Asesores y Consultivos regionales, que tendrían únicamente funciones consultivas y no capacidad resolutiva. Esto debilitaría la descentralización y reduciría la participación efectiva desde el interior del país. Otro aspecto señalado es una posible contradicción jurídica con la Ley de Urgente Consideración (LUC): mientras esta modificó el sistema por el que la Udelar revalida títulos extranjeros, el nuevo proyecto otorgaría esas potestades a la futura Uned, lo que implica que “dos universidades públicas son tratadas con criterios distintos”.
Desde dónde se construye una universidad
El documento de la Udelar sostiene que “no se plantea con claridad si se trata de transformar una institucionalidad ya existente o de fundar un nuevo actor institucional desde cero”. Por otro lado, dice que “no queda claro si el cuerpo docente inicial estará constituido sólo por los actuales docentes del CFE o si la nueva Universidad incluirá otras incorporaciones que aporten fortalezas que aseguren el carácter universitario de la nueva institución”.
Este es un punto central de crítica porque, en definitiva, estos aspectos condicionan de manera absoluta el resultado. Una universidad requiere locales, equipamiento y, sobre todo, recursos humanos calificados para llevar a cabo las tareas correspondientes. Si la nueva Uned absorbiera acríticamente a todos los docentes provenientes de los institutos de formación actuales, ¿qué diferencia habría entre su actividad y la de los institutos existentes?
Por ponerle un cartel de “Universidad”, y modificar formas de los cargos y estatutos, ¿quiénes actualmente trabajan en estos institutos pasarían a tener una formación y capacidades diferentes a las actuales? ¿Cuál sería el criterio para decidir quién está capacitado y quién no para integrar la nueva Uned, y qué criterios se aplicarían? Se plantea como un eje que, al ser una universidad, debe articular la formación con la investigación, pero ¿los actuales cuadros de los institutos tienen formación en investigación? ¿Cómo podría alguien que no demostró hasta el momento poseer determinadas capacidades pasar automáticamente a enseñarlas?
Pero vayamos un paso más adelante. Se plantea que la nueva Uned esté cogobernada, con los docentes en un rol central. El cogobierno es un sistema que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero una característica central es que los docentes son el orden con mayor poder de decisión, y, por tanto, con fuerte incidencia en la definición de las políticas académicas y administrativas que se aplican sobre sí mismos. Si al mismo tiempo los docentes que actualmente trabajan en los institutos de formación pasan automáticamente a ser docentes de la Uned, pasan a ser parte central de su gobernanza, por lo que no sería de esperar que se tiraran un tiro en el pie cuestionando su perfil de formación. Queremos ser claros al respecto: este planteo no implica un cuestionamiento individual a quienes se formaron bajo otros criterios y, muchas veces, desempeñaron la tarea de formar futuros docentes con la mejor disposición. Implica sí, entender que no alcanza con soplar velitas para construir una universidad, que los recursos humanos son el cuerpo central de su funcionamiento, y que con poner un cartel que diga “universidad” no se transforman las capacidades actuales. En algún momento hay que pensar que los pensamientos mágicos no alcanzan para transformar la realidad. De hecho, los docentes formados en el CFE, no están en contra de una formación universitaria, y creemos que buena parte del colectivo docente actual, tampoco considera que esta ley pueda ser transformadora de una realidad que lejos está de ser realmente universitaria.
(*) Profesor de literatura egresado del Instituto de Profesores Artigas (CFE).